Dos maneras de mirar un hueco
Pocas discusiones en Panamá se dan con tanta temperatura como la de la mina, y casi siempre se plantean como si de un lado estuviera la gente que entiende de economía y del otro la gente que entiende de ambiente, cada una convencida de que la otra simplemente no ha leído lo suficiente. Yo creo que esa manera de plantearlo nos ha hecho mucho daño, porque lo que tenemos enfrente no es un malentendido que se resuelve con más datos, sino dos maneras legítimas de mirar el mismo hueco, y ninguna de las dos está equivocada.
Dos convicciones que no se tocan
De un lado están quienes piensan que los recursos naturales de un país están ahí para su aprovechamiento económico. Con cuántos controles, con qué reglas y con qué tipo de vigilancia ya depende de cada persona, pero los recursos son para aprovecharse. Del otro lado están, con la misma validez, quienes piensan que negociar con la naturaleza para sacarle provecho económico simplemente no es aceptable, porque la naturaleza está ahí para protegerla y no para venderla. Mi intención no es decirle a usted de qué lado ponerse, porque el punto de esta columna es otro.
El filósofo Isaiah Berlin dedicó buena parte de su obra a explicar que hay valores humanos genuinos que chocan entre sí sin que exista una fórmula capaz de ponerlos de acuerdo, y que creer lo contrario, pensar que con suficiente razón todo conflicto de valores termina por disolverse, es una ilusión peligrosa. La mina es uno de esos casos. Ninguna cifra de crecimiento va a convencer a quien tiene claro que el bosque no se negocia, y ninguna fotografía del bosque va a convencer a quien piensa que ese bosque guarda recursos que el país puede aprovechar.
Por un lado, es cierto que Panamá, con todo y sus dos océanos y su Canal, es un país pequeño que compite todos los días por inversión y por empleo con muchos otros que ofrecen más o menos lo mismo, a veces un poco mejor y a veces un poco peor, y por eso hay quienes piensan que no puede darse el lujo de dejar bajo tierra un cobre que puede traducirse en empleo y en dinero para el Estado.
Por el otro, también es cierto que Panamá ha hecho un esfuerzo sostenido por proteger su ambiente, con más de un tercio de su territorio terrestre y más de la mitad del marino bajo alguna figura de protección, que tiene una biodiversidad única, y que hay ejemplos en el mundo que muestran que se puede crecer con una visión ambiental.
Lo que pesa en cada platillo
Y sin embargo, los datos importan, aunque no resuelvan el fondo. La concesión abarca casi trece mil hectáreas en Donoso, y según los reportes de cuando arrancó, la mina, la planta eléctrica y los puertos usaron unas seis mil de ellas. Panamá tiene alrededor de setenta y cinco mil quinientos kilómetros cuadrados, así que, hecha la cuenta, la concesión completa ocupa menos de la quinta parte del uno por ciento del territorio. Visto en un mapa es poco; visto en el lugar es enorme. Quienes hemos ido conocemos la magnitud del proyecto, y a quien no ha ido le basta abrir cualquier imagen satelital y bajar despacio hasta la costa de Colón para encontrar una mancha ocre en medio de un verde que no se interrumpe por kilómetros.
Del otro platillo está el dinero. El contrato de 2023 le garantizaba al Estado un pago mínimo de trescientos setenta y cinco millones de dólares al año, que no es la fortuna que nos va a salvar las finanzas públicas, pero sí es plata que hoy no tenemos. El Ministerio de Comercio calcula que, con la mina parada, el país deja de recibir casi siete millones de dólares diarios en divisas, y si los arbitrajes siguen su curso y Panamá pierde, podría terminar debiendo miles de millones de dólares. Dicho de otra forma, aun si el país decide no volver a extraer nunca, el hueco, el físico y el fiscal, ya está ahí, y alguien lo va a tener que pagar.
La conversación que tuvimos una vez
El problema, como casi todo en este país, es de proceso, y conviene contar la historia completa, porque la idea de sacar cobre de nuestros cerros no nació en los noventa. En agosto de 1975, en plena época militar, el Consejo Nacional de Legislación creó una empresa estatal, la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado, para explotar el gran yacimiento de cobre de Chiriquí. Era la minería pensada desde un gobierno que se veía a sí mismo con el mandato de transformar el país, de que el Estado fuera dueño y productor de su propia riqueza, y aunque el proyecto terminó congelado porque el precio del cobre de entonces no daba para hacerlo rentable, el principio quedó escrito: el cobre era del Estado y lo explotaría el Estado.
Los noventa le dieron la vuelta a esa lógica. En 1991, el gobierno que siguió a la invasión firmó el contrato de exploración de Petaquilla, en Donoso, y en 1997 el siguiente gobierno lo convirtió en una concesión aprobada por ley, en plena ola de aperturas que también puso en manos privadas los puertos y las telecomunicaciones. Veníamos de una dictadura que había dejado las arcas vacías, medio mundo hablaba de privatizar como receta, y el mandato de esos gobiernos era producir dinero y abrir la economía. Fueron dos modelos opuestos, uno que estatizaba y otro que privatizaba, pero los dos partían de la misma premisa, que Panamá debía explotar su cobre, y cada uno respondía al país de su momento. Lo que nunca hicimos fue preguntarnos si el país de después seguía pensando igual.
Veinte años después de la concesión, en diciembre de 2017, la Corte declaró inconstitucional la ley que había aprobado aquel contrato; la mina empezó a exportar en 2019 de todas formas, y en octubre de 2023 la Asamblea aprobó un contrato nuevo en apenas unos días de debate, como si el acuerdo de los noventa siguiera intacto. Pero el país ya no era el de los noventa, la ciudadanía tampoco, y nadie salió a preguntarles a las nuevas generaciones qué querían.
Lo que dicen los números, y lo que no
Uno de los problemas de esta discusión es que se da con muy poca información. Hay pocas encuestas sobre lo que piensan los panameños de la mina, y las que se publican las contratan medios que, sin que eso tenga nada de malo ni sea una crítica a ninguno, tienen su propia línea editorial.
Aun así, vistas en conjunto, todas apuntan en la misma dirección: los resultados oscilan entre un cincuenta y cuatro y un setenta por ciento en contra de reabrir la mina. No estamos ante dos mitades; estamos ante una mayoría que dice que no, cónsona con las protestas de 2023 y con la decisión de la Asamblea de aprobar una moratoria minera.
Sin embargo, hay un detalle que vale la pena mirar con calma. No todo el rechazo es una cosmovisión: una parte no viene de quien cree que el bosque es sagrado, sino de quien no cree que los beneficios lleguen algún día a su casa. Y esa desconfianza tiene sus razones, porque la historia que acabo de contar, la de cómo nuestros gobiernos han manejado el tema minero, se las dio. Pero con suficiente confianza en las instituciones, esa persona podría ver con buenos ojos la industria minera, y sin ella, va a seguir teniendo razones para decir que no.
Abrir para cerrar
El lunes 16 de noviembre, en cadena nacional, el presidente Mulino explicó el dilema tal como él lo ve. Mantener la mina cerrada significa reactivar los arbitrajes, y si Panamá los pierde, terminaría debiendo miles de millones de dólares y cargando además con el costo de mantener el sitio seguro. La otra opción es negociar con Minera Panamá un plan de cierre ordenado, pagado por la propia mina, que genere empleo mientras tanto. Dijo que tenía que escoger entre asumir él el costo político o que los panameños cargaran con el costo económico, y escogió negociar: «Entre lo fácil y lo correcto, nuevamente elijo lo correcto». Las condiciones que puso, desde la soberanía sobre el territorio y el agua hasta los controles ambientales y el respeto a la Constitución, recogen buena parte de lo que se criticó en las calles en 2023. Los gremios mineros lo respaldaron esa misma noche, y las organizaciones sociales y sindicales lo rechazaron y convocaron a la calle.
Pero el anuncio deja abiertas las dudas de los dos lados. Quienes se oponen pueden preguntarse, con razón, cuánto dura ese cierre, porque la fórmula que se ha discutido habla de veinte a treinta años de operación para pagarlo. Quienes apoyan la mina pueden preguntarse, también con razón, si esas condiciones de verdad se van a traducir en empleos y regalías, o si una mina con fecha de vencimiento le sigue interesando a la empresa. Ninguna de esas preguntas se resuelve con un anuncio; se resuelve en la letra del acuerdo.
La otra propuesta
Lo que sí trae el anuncio es algo que no tuvimos en 2023: tiempo. Una negociación de este tamaño no se cierra en unos pocos días, como se intentó entonces, y entre hoy y la firma de cualquier acuerdo hay un espacio que el país puede usar para algo más que repetir lo que cada lado ya sabe. Al Gobierno le toca su parte: negociar de frente, incluir a la ciudadanía y ser transparente en el proceso.
A quienes se oponen a reabrir, que según las encuestas son la mayoría, ese tiempo les ofrece una oportunidad que pocas veces se tiene: pasar del no a la propuesta. Un plan con números que diga cómo se paga el cierre del hueco que ya existe si no lo paga la operación, qué pasa con los arbitrajes, de dónde salen los empleos de Donoso y qué economía puede sostener a esa región sin el cobre. Esa propuesta no tiene que partir de cero, porque en este país hay ambientalistas, economistas y comunidades que llevan años pensando en esto, y si se juntan, pueden ponerle sobre la mesa al país una alternativa que hoy no tiene.
A la empresa y a quienes apoyan la reapertura, ese mismo tiempo les sirve para otra cosa: ganarse la confianza de la gente. Eso no se logra con anuncios, sino proponiéndole al país una operación minera que funcione para todos los panameños, y no solo para una empresa o para unos pocos, y demostrándolo con hechos que cualquiera pueda verificar.
Proponer no es rendirse ante la decisión del Gobierno, es competirle con una idea, y ganarse la confianza no es imponerse, es convencer. Si los dos lados usan este tiempo así, quien pierda la discusión, sea cual sea, podrá al menos reconocer que la discusión se dio. Eso fue lo que nos faltó en 2023, una conversación entre dos propuestas, y todavía estamos a tiempo de tenerla.
Daniel Lopera, fundador de Bisagra.
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