El poder se mudó a la Asamblea
Durante casi veinte años, cuando en Panamá queríamos saber hacia dónde iba el país, mirábamos al Palacio de las Garzas. Desde 1990, después de la invasión, el poder y la atención estuvieron concentrados en la Presidencia, y la Asamblea era, para decirlo con franqueza, un lugar de política menuda, donde se negociaban puestos y favores pero no se decidía el rumbo del país. Es curioso, porque el proceso de los años setenta había diseñado lo contrario, por lo menos en el papel, con una asamblea de quinientos cinco representantes de corregimiento; pero en esa época el poder real estaba en el cuartel, y cuando llegó la democracia se mudó al Palacio.
Para que se den una idea de lo que pesaba la Asamblea entonces, en 1990 su presupuesto era de unos once millones de dólares al año. Guarden ese número, porque vamos a volver a él.
El año en que todo cambió
El gobierno que llegó en 2009 tenía un proyecto ambicioso de reformas, en lo fiscal, en lo institucional y en la justicia, pero no tenía una bancada propia que le alcanzara para aprobarlas. Necesitaba votos en la Asamblea, y los consiguió de la manera más directa posible. Fue la época del transfuguismo, cuando diputados electos por la oposición amanecían en el partido de gobierno, y años después una exministra de ese mismo partido admitió en público que lo que hubo no fue un alquiler de diputados sino una compra.
El vehículo fueron las partidas circuitales. Según el propio Ministerio de Economía, entre 2009 y 2014 los diputados manejaron más de cuatrocientos millones de dólares a través de juntas comunales, municipios y programas de ayuda, muchas veces con controles que se hacían de palabra. Ojo con lo que eso significa: por primera vez en la historia del país, un grupo relativamente pequeño de diputados se encontró manejando mucho dinero propio, y el dinero, en política, nunca se queda quieto.
De la plata a los partidos
Con ese poder nuevo, los diputados hicieron lo que cualquiera con incentivos parecidos habría hecho: se tomaron los partidos. A lo largo de los años siguientes, diputados en ejercicio llegaron a presidir o a controlar el PRD, Cambio Democrático, el Molirena y el panameñismo, y hubo un momento en que, literalmente, todos los partidos del país estaban dirigidos desde la Asamblea.
Ahí está la gran paradoja de aquel período. Se compraron diputados para gobernar desde el Ejecutivo, y lo que terminó naciendo fue una clase política que ya no necesita al Ejecutivo. Los presidentes pasan cada cinco años; los diputados se quedan, porque controlan los partidos que los postulan, y el que controla la postulación controla buena parte de la política.
El presupuesto cuenta la historia
¿Recuerdan los once millones de 1990? Para este año, la Asamblea tiene un presupuesto aprobado de casi cien millones, que a mitad de año ya iba en cerca de ciento cincuenta, y la propia presidencia del órgano ha dicho que cerrará en unos doscientos. Es como si una familia que vivía con un salario hoy gastara lo de veinte.
Eso no es un gasto administrativo. Es poder: planillas que se reparten en el territorio, lealtades en cada corregimiento, estructura para la siguiente elección. Es poder regional que se convierte en poder político, y poder político que se convierte en votos dentro de los partidos.
Lo que esto significa para una empresa
Antes, una empresa que quería operar en Panamá tenía que atravesar la burocracia del gobierno central, que era lenta y costosa, pero era un solo laberinto. Hoy son dos. Además del Ejecutivo está la Asamblea, con diputados que tienen intereses económicos propios y redes capaces de acelerar o frenar trámites, y sobre todo de introducir un artículo en un proyecto de ley que trata de otra cosa, para favorecer a un competidor o perjudicar a un sector completo. A veces ni siquiera es un negocio; es una palanca política. Una modificación de tres líneas puede cambiarle las reglas a toda una industria, y la industria se entera cuando ya es ley.
El error de quienes miran desde afuera
El problema no es solo la Asamblea; es cómo el sector privado se relaciona con ella. El mercado panameño, y me incluyo, tiende a delegar la vigilancia. Se la deja al Estado, con la idea de que el Estado va a proteger sus intereses, sin advertir que esos intereses cambian con cada gobierno. Y se la deja a los medios, no porque los medios lo hagan mal, sino porque los medios cubren lo que es importante para la mayoría, y lo que le importa a la mayoría casi nunca es esa línea escondida en un artículo que puede afectar a una sola empresa o a un solo sector.
Y hay algo más profundo y muy nuestro: la idea de que todo se resuelve después. Que si la ley sale mal se arregla en la reglamentación, y que si la reglamentación sale mal se arregla con una llamada. A veces funciona. Pero cada vez con más frecuencia la ley ya está sancionada, el artículo ya está en la Gaceta, y la llamada no la contesta nadie, porque quien antes atendía ya no es quien decide.
Mirar el edificio correcto
La buena noticia es que esto tiene salida, y empieza por algo sencillo: mirar el edificio correcto. Si el poder se mudó hace quince años, los ciudadanos, las empresas y los gremios tenemos que seguir a la Asamblea con la misma atención con la que seguimos al Palacio, conocer a quienes la integran, leer los proyectos antes del tercer debate y exigir que cada dólar de su presupuesto se pueda rastrear. Una Asamblea que se sabe observada se comporta distinto. Y un país que aprende a mirar dónde está el poder de verdad está mucho mejor preparado para exigirle cuentas.
Daniel Lopera, fundador de Bisagra.