La carrera que solo existe en la transición
Hace unos años fui a ver un carro en una agencia, y el vendedor que me lo mostró, un señor muy amable que conocía el modelo de memoria, me contó en medio de la conversación que él trabajaba con un diputado. Eran las once de la mañana de un día de semana, así que le pregunté si no tenía que estar en la Asamblea. Me miró con toda la naturalidad del mundo y me dijo que no, que él lo que hacía era hacerle mandados al diputado. Cobraba del Estado y vendía carros, y no veía en eso nada raro.
Esa anécdota resume mejor que cualquier informe el problema que quiero plantear. De los más de doscientos sesenta mil servidores públicos que tiene Panamá, apenas unos trece mil, alrededor de cinco de cada cien, tienen el estatus de carrera administrativa. El resto entró por la puerta que abre la política, y por esa misma puerta puede salir.
Los intocables
Cualquier persona que haya llegado a dirigir una institución pública en Panamá conoce la escena. Uno llega con un mandato, da una instrucción, y semanas después descubre que en algún piso intermedio esa instrucción no se cumplió, porque alguien dio otra en sentido contrario. Ese alguien no responde al director; responde a quien lo puso ahí, que puede ser un diputado, un dirigente de partido o un ministro de otra cartera. Es el hijo de alguien, la esposa de alguien, el amigo de alguien. Ocupa una oficina en una institución, pero su lealtad está en otro edificio.
Hace algunos años, un director de la Caja de Seguro Social denunció en público las presiones políticas que recibía y terminó renunciando. Los propios funcionarios administrativos de la Caja salieron entonces a decir que no era posible que un director tomara una decisión y después lo obligaran a echarse para atrás a punta de presiones de otros despachos. El problema no era un director débil. Era una institución donde los mandos medios no le responden al mando alto.
Lo vi también desde adentro, cuando trabajé en la Asamblea. Un diputado llega y se encuentra con el personal de su bancada, de las comisiones y del pleno, y descubre que ese personal se debe a quien dirigía la bancada o la comisión cuando lo nombraron. Si el diputado quiere empujar un cambio que no le gusta al presidente de la comisión, el funcionario de esa comisión no va a trabajar para él, y en algunos casos va a trabajar en su contra. Hay funcionarios buenos, por supuesto, pero el diputado aprende rápido que solo puede confiar en su propio equipo. Y en una Asamblea tan fragmentada como la de hoy, la pregunta se vuelve todavía más difícil: cuando una bancada se divide, ¿a quién se le debe su personal?
La Asamblea también enseña cómo se llenan esas oficinas. Todos los días entran al edificio personas invitadas por algún diputado, y una vez adentro recorren los despachos uno por uno con el mismo discurso: estoy buscando trabajo, no encuentro, a ver si usted me ayuda con una recomendación. Muchas veces el diputado, por amabilidad, firma una carta dirigida a un ministro pidiéndole que atienda a esa persona. La diputada para la que trabajé se cuidaba mucho de eso, y sus cartas decían solamente que se atendiera al ciudadano, nunca que se le diera un puesto. Pero del otro lado está el ministro, que recibe una carta con el membrete de la Asamblea Nacional y la firma de un diputado, y que sabe leer entre líneas: si le conviene congraciarse con ese diputado, nombra a la persona; si no, la carta se queda en una gaveta. Y lo más grave viene después, porque esos nombramientos se vuelven rehenes. En la Asamblea es un secreto a voces que, cuando un diputado vota en contra de lo que pide el gobierno, la gente que entró con su carta empieza a salir, y cuando vuelve a votar a favor, las puertas se abren otra vez. El funcionario termina siendo una ficha en una negociación que no tiene nada que ver con su trabajo.
El ciclo
En el papel, la solución existe desde 1994, cuando se aprobó la ley de carrera administrativa. En la práctica, la carrera se convirtió en un ciclo que se repite con cada cambio de gobierno. Al final del período, el gobierno que sale trata de meter a su gente en la carrera para blindarla. El gobierno que entra revisa esos nombramientos y los deja sin efecto. En 1999 se revisaron casi tres mil acreditaciones, y en 2009 una ley le quitó la estabilidad a unos cincuenta y dos mil funcionarios de un plumazo. El presidente actual también se ha quejado de que la administración anterior blindó la carrera para proteger a sus allegados. La carrera administrativa, en Panamá, existe sobre todo durante la transición.
A eso se suma otra capa. Hay leyes que protegen, con toda razón, a personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o a punto de jubilarse. Pero en un Estado sin carrera real, esas protecciones terminan siendo para muchos el único escudo disponible, y el que llega a dirigir una entidad se encuentra con funcionarios a los que no puede evaluar ni mover, no porque hayan demostrado su capacidad, sino porque encontraron dónde ampararse.
Ojo, porque el que llega también tiene razón. Si usted gana una elección con un mandato claro y llega a un ministerio donde la gran mayoría del personal le debe su puesto al partido que acaba de perder, es humano temer que lo saboteen, y cualquiera de nosotros, y me incluyo, haría lo posible por traer a su gente. El problema no es que el nuevo gobierno quiera un equipo de confianza. El problema es que hoy todo el ministerio es de confianza, de alguien.
Separar las carreras
Dos politólogos de la Universidad de Gotemburgo, Carl Dahlström y Victor Lapuente, estudiaron este problema en más de cien países y llegaron a una conclusión que vale la pena entender bien. Lo que reduce la corrupción y hace más eficaz a un gobierno no es tanto blindar a los funcionarios de por vida, sino separar las carreras: que los políticos no se vuelvan administradores y los administradores no se vuelvan políticos. Cuando eso ocurre aparecen dos cadenas distintas de responsabilidad, la del político ante sus electores y la del funcionario ante sus pares, y cada una vigila a la otra. Y la señal más importante, según ellos, está en cómo se contrata.
Eso se traduce en un diseño bastante sencillo. Un ministro debería poder llegar con un equipo propio, pequeño, de diez, quince o veinte personas: un par de abogados, un par de economistas, alguien de comunicación, alguien de estrategia. Ese equipo marca la línea y se va con él. Del equipo para abajo, los cientos de funcionarios que ejecutan deberían haber entrado por concurso, ser evaluados por sus resultados y quedarse aunque cambie el gobierno, porque su trabajo es ejecutar la visión del ministro de turno, sea cual sea.
Este tema no es nuevo para mí. En marzo de 2021, un diputado independiente presentó una propuesta para reformar la carrera administrativa de modo que solo el cinco por ciento del personal de cada entidad pudiera ser de confianza y todo el resto entrara por carrera. Escribí entonces que, si esa ley se lograba, sería uno de los mayores avances en administración pública en mucho tiempo. No se logró. Pero fíjese en el número, porque dice mucho: hoy son cinco de cada cien los funcionarios que están en carrera, y aquella propuesta planteaba exactamente lo contrario, que fueran cinco de cada cien los de confianza. Y si lo piensa bien, un equipo de quince o veinte personas en un ministerio de trescientas o cuatrocientas es, más o menos, ese mismo cinco por ciento.
No es una utopía. Chile creó en 2003, con un acuerdo entre gobierno y oposición, un sistema en el que los altos cargos se llenan por concursos que administra un servicio civil independiente y el gobierno escoge entre los mejores evaluados. Perú tiene una especie de bolsa de gerentes públicos seleccionados por mérito, a la que los ministerios pueden pedir profesionales, aunque todavía le cuesta que la usen. Y en nuestra Asamblea está en discusión un proyecto para reemplazar la ley de 1994, que propone un instituto con autonomía para manejar el recurso humano del Estado y que la estabilidad dependa de evaluaciones periódicas de desempeño.
Ese proyecto va en la dirección correcta, pero ninguna ley va a romper el ciclo si los partidos no se ponen de acuerdo en algo más difícil que un texto: que el próximo gobierno, sea del color que sea, respete a los funcionarios que entraron por mérito, y que el actual deje de usar la carrera para proteger a los suyos. Chile lo logró con un pacto entre adversarios. Si Panamá consigue lo mismo, el próximo ministro que dé una instrucción va a encontrar del otro lado a alguien que trabaja para la institución, y no para quien lo puso ahí.
Daniel Lopera, fundador de Bisagra.
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