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Estado y prioridades

La coima no se reparte en partes iguales

Por Daniel Lopera de la Torre · 8 de noviembre de 2026

Cada vez que en Panamá estalla un caso de corrupción, alguien repite la frase de siempre: para cada acto de corrupción hay un corruptor y un corrompido. Es verdad, y el empresario que ofrece una coima comete un delito y debe responder por él, sin atenuantes. Lo digo de entrada porque lo que voy a plantear no absuelve a nadie. Pero voy a hacer una afirmación que sé que es fuerte, y la hago porque la sostengo: las dos caras de la coima no pesan lo mismo. El funcionario que la recibe tiene más responsabilidad que el privado que la paga.

Dos lógicas distintas

Una empresa privada existe para generar dinero para sus dueños, y no hay nada de malo en eso; es su razón de ser. Para lograrlo usa todas las tácticas que la ley le permite, y a veces juega en los grises, porque la ley tiene huecos y porque cada empresario decide cuánto riesgo está dispuesto a correr a cambio de cuánta ganancia. El que ofrece una coima está haciendo ese cálculo con su propia plata y con su propio pellejo. Hace mal, pero hace mal desde una lógica que todos entendemos.

El funcionario, en cambio, tiene un solo propósito, sea cual sea su cargo: administrar la cosa pública. Eso aplica al ministro y también a la señora que archiva expedientes en un ministerio o al señor que limpia las oficinas de una fiscalía. Todos manejan algo que no es suyo, que es de todos los panameños y que les confiamos con la esperanza de que lo cuiden. Y hay un detalle que lo cambia todo: nadie los obligó a estar ahí. Cualquiera de ellos podría trabajar en el sector privado, pero escogió el sector público, y esa decisión trae responsabilidades mayores que las de cualquier empleo privado. Cuando un funcionario acepta una coima no arriesga su plata; entrega la de todos.

Una exprocuradora y exdiputada para la que trabajé lo resumía en una frase que no se me olvida: lo que te lleva al éxito en la empresa privada te lleva a la cárcel en el sector público. Las dos lógicas no son mejores ni peores; son distintas, y el problema empieza cuando alguien entra al Estado con la de la empresa.

Hay un matiz que hace este argumento todavía más fuerte. En Panamá, muchas veces el funcionario no espera la oferta, la pide. La literatura distingue entre el soborno, que nace del que paga, y la extorsión, que nace del que cobra. En el segundo caso, el empresario sigue siendo responsable de haber pagado, pero el que abrió la puerta fue el que tenía la llave.

El caso más reciente lo muestra con claridad. En la Operación Pandora, según el Ministerio Público, un grupo de funcionarios de la Dirección General de Ingresos con acceso al sistema e-Tax 2.0 anulaba pagos que los contribuyentes ya habían hecho, los convertía en créditos fiscales y los cedía a terceros. La afectación se calcula inicialmente en unos 40 millones de dólares. No eran ministros; eran auditores y funcionarios medios que encontraron un hueco en el sistema y supieron a quién vendérselo. La mayor parte de esos créditos, unos 36 millones según la DGI, terminó en un banco, que sostiene que los compró de buena fe y que la validación final correspondía únicamente a la DGI. Si ese banco midió bien o mal su riesgo lo dirán los tribunales; esa es la lógica privada, con sus aciertos y sus errores. Lo que no admite cálculo es el otro lado: según la acusación, los que tenían la llave del sistema la usaron para vender lo que les tocaba cuidar. Hasta ahora hay 13 detenidos provisionalmente, nueve funcionarios destituidos y dos personas sentenciadas.

Vivir para la política o vivir de ella

Antes, quien llegaba a un cargo público llegaba muchas veces por prestigio. En un pueblo, al que era bueno con los animales le pedían que se encargara de los animales de la zona y le daban un título para hacerlo; en otras épocas, el que había demostrado valor en la guerra pasaba a servir al Estado. Ese reconocimiento era parte del pago, y perderlo era el castigo.

Max Weber describió esta diferencia hace más de un siglo, en La política como vocación. Distinguía entre quien vive para la política, que tiene su sustento resuelto y sirve por convicción o por prestigio, y quien vive de la política, que depende del cargo para comer y cuyo interés principal es quedarse en el sistema. Weber no despreciaba al segundo tipo, porque sabía que sin él solo los ricos podrían gobernar, pero entendía el riesgo: el que depende del cargo lo cuida como cuida su sustento, no como cuida un encargo ajeno.

Hoy el prestigio ya no alcanza. Ser funcionario en Panamá no da el reconocimiento que daba, y la estabilidad tampoco compite con las aspiraciones de vida que muchos tienen, con experiencias y cosas que están más allá de lo que un salario público puede pagar. Cuando el cargo deja de valer por sí mismo, el sistema empieza a atraer a quien viene a buscar otra cosa, y un funcionario con los mismos incentivos que una empresa privada termina comportándose exactamente como ella, solo que con plata ajena.

Se lo escuché a José Ugaz, el procurador que desmontó la red de Fujimori y Montesinos en el Perú y que contó esa historia en Caiga quien caiga. De cada cien funcionarios, decía, unos pocos van a tratar de robar siempre, hagas lo que hagas, y otros pocos no lo harán nunca, por honor. Los demás, siete u ocho de cada diez, hacen lo que ven arriba. No es una estadística, pero la academia llega a algo muy parecido. Los politólogos suecos Anna Persson, Bo Rothstein y Jan Teorell estudiaron por qué las reformas anticorrupción fracasan en los países donde la corrupción es sistémica, y concluyeron que ahí la corrupción funciona como un problema de acción colectiva: la mayoría no roba ni deja de robar por convicción, sino según lo que cree que hacen los demás. Si todos a su alrededor cobran, el que no cobra no es un héroe, es un ingenuo que paga el costo solo. Por eso el tono lo pone el que manda, y si el que manda trata el cargo como un negocio, el resto entiende rápido cuáles son las reglas.

El trámite que vendía la coima

Hay una pista de salida en el Registro Público. Los abogados que hacían trámites allí hace más de quince años recordarán cómo funcionaba: las firmas mandaban a sus pasantes a inscribir documentos, y muchos de esos pasantes le pasaban algo de plata al funcionario para que el trámite saliera más rápido. Nadie buscaba un favor ilegal; buscaban que lo legal saliera a tiempo. La solución fue tan simple que parece obvia: el Registro creó una vía rápida, un servicio por el que uno pagaba más, de manera oficial, para que su trámite saliera antes. La coima perdió su razón de ser, porque lo que compraba ahora se vendía en la ventanilla, con recibo.

Esa historia dice algo incómodo: mucha de la corrupción pequeña es la tarifa informal de un servicio que el Estado no presta bien. El politólogo estadounidense Robert Klitgaard lo resumió hace casi cuarenta años en una fórmula que todavía se enseña: la corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas. Donde un funcionario tiene la única llave de algo que la gente necesita, puede decidir a su criterio cuándo abrir y nadie lo vigila, la coima aparece sola.

Dos cosas que sí se pueden cambiar

Por eso creo que la salida tiene dos pilares. El primero es una administración pública diseñada para quien la usa, sea el ciudadano que saca un permiso, el empresario que paga un impuesto o el funcionario que tiene que comprar un repuesto. Mientras más fácil, más rápido y más automático sea el trámite, menos espacio queda para que alguien venda la rapidez por debajo de la mesa.

El segundo es un funcionariado profesional, que entre por mérito, tenga una carrera que valga la pena y sepa que su futuro depende de hacer bien su trabajo y no de complacer a quien lo puso ahí. Los dos pilares se necesitan: con trámites simples, el buen funcionario no necesita atajos; con funcionarios de carrera, el trámite simple no se convierte en una puerta abierta.

Nada de esto quita la responsabilidad del que paga. Pero si queremos menos coimas, tenemos que empezar por exigirle más a quien escogió cuidar lo que es de todos, y darle, al mismo tiempo, un Estado donde hacer las cosas bien sea más fácil que hacerlas mal. Devolverle el prestigio al servicio público no es una nostalgia; es, probablemente, la medida anticorrupción más barata que tenemos.

Daniel Lopera, fundador de Bisagra.

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