Lo que importa de una constituyente no es el papel
En julio, durante la cena anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el presidente Mulino lo dijo sin rodeos: "En 2027 tendremos una constituyente". Desde entonces, la secretaría presidencial encargada del tema ha ido llenando el calendario, con la elección de los constituyentes prevista para marzo o abril de 2027, un referéndum en 2028 y una Constitución nueva que entraría a regir el primero de enero de 2029, y la conversación pública, como era de esperarse, se ha ido detrás del papel: qué artículos cambian, qué se le quita a la Asamblea, si habrá o no reelección. Pero creo que estamos mirando hacia el lugar equivocado, porque en una constituyente el documento que sale al final, sin ser irrelevante, importa bastante menos que el camino que hay que recorrer para escribirlo. La Constitución que tenemos hoy tampoco es, para ser honestos, el texto que mejor se cumple en este país, y no hay razón para pensar que una nueva, por bien redactada que esté, se vaya a cumplir solita.
Lo que se gana sentándose
Lo valioso de un proceso constituyente es que obliga a un país entero a hacer algo que normalmente evita, que es sentarse. Los jubilados, los estudiantes, los gremios empresariales, los sindicatos, los campesinos y las comarcas tienen que decir en voz alta qué quieren, qué les importa más y qué están dispuestos a ceder a cambio de qué, y tienen que hacerlo frente a los demás, negociando, que es justamente el ejercicio que nuestra democracia lleva años sin practicar. Y antes de eso viene una pelea más interesante todavía, que es la pelea dentro de cada grupo por decidir quién lo representa. ¿Quién habla por los jubilados, la asociación de siempre o una nueva? ¿Quién habla por los estudiantes, por los transportistas, por los productores del interior? Esa discusión va a ser incómoda, va a tener ganadores y perdedores, y es precisamente la que necesitamos, porque de ella sale un mapa de quién representa a quién en este país que hoy no tenemos y que ningún Tribunal Electoral puede dibujar por decreto.
La originaria no se decreta
Aquí va una teoría que sé que no a todos les va a gustar. La constituyente originaria, esa que según sus defensores nace directamente del poder del pueblo y no tiene que pedirle permiso a la Constitución vigente, no se convoca con un decreto; se convoca con poder, del más crudo. Y el proceso que hoy se arma desde la Presidencia, que sus propios promotores llaman originario y que propone sus propias reglas para escoger a los constituyentes, se va a encontrar con ese problema desde el primer día. Imagine usted el escenario. Sale el decreto que dice cómo se eligen los constituyentes, y el primero en levantar la mano va a ser el Tribunal Electoral, que va a preguntar algo tan sencillo como quién organiza esa elección y bajo qué reglas. Si el Gobierno pasa por encima del Tribunal, la pregunta cambia de oficina y llega a la calle: ¿con qué derecho un presidente decide por su cuenta cómo se escogen los que van a escribir las reglas de todos? Y si el Tribunal no cede, le basta con presentar una demanda ante la Corte y sentarse a esperar.
En el siglo pasado escribimos Constituciones nuevas en 1946 y en 1972, la segunda bajo un régimen militar, y ninguna de las dos llegó por la puerta tranquila de la política de todos los días. Hay una pregunta que casi nadie está haciendo en voz alta, y es qué pasa con la Asamblea actual si se convoca una originaria, y si esa Asamblea se va a dejar quitar el poder. Lo que solemos olvidar, porque vivimos en una democracia que da por sentadas sus reglas, es que cuando un choque entre el Ejecutivo, la Asamblea y la Corte no se resuelve por la vía legal ni por la vía política, se termina resolviendo por la fuerza, la del Estado o la de las masas en la calle. Imponer una constituyente originaria tiene ese costo, y un gobierno que, según la encuesta de Vea Panamá de julio, aprueban menos de dos de cada diez panameños tendría que preguntarse si está dispuesto a pagarlo por una propuesta que nadie sabe todavía si la gente respaldaría, y lo mismo tendría que preguntarse cualquier presidente que llegue con una Asamblea dividida y decida que, en lugar de negociar con los diputados, va a cambiar las reglas del juego por su cuenta.
Colombia lo vivió de cerca. En 1990 fueron los estudiantes los que empujaron, con una papeleta extra que nadie había autorizado, lo que terminó en la Constitución de 1991, y el impulso vino de abajo con tanta fuerza que las instituciones terminaron reconociéndolo. Eso es poder constituyente. El jurista estadounidense Bruce Ackerman le puso nombre a esos episodios, momentos constitucionales, esos raros períodos en que una ciudadanía movilizada, durante un tiempo sostenido, le cambia las reglas a la política de todos los días. Lo importante de su idea está en la palabra movilizada, porque sin gente detrás no hay momento, y un decreto, por sí solo, es papel.
Los momentos que dejamos pasar
Lo más frustrante es que Panamá sí ha tenido sus momentos constitucionales, y los ha dejado pasar. El primero fue en 1990, después de la invasión, cuando el país salía de veintiún años de régimen militar y tenía todas las razones para escribir sus reglas desde cero; en cambio, nos quedamos con la Constitución de 1972 y la fuimos remendando, y parte de lo que critiqué sobre el Canal en otra columna nace justamente de esa oportunidad perdida. El segundo fue más reciente. Las reformas constitucionales que presentó el gobierno anterior en 2019 se hundieron entre protestas sin salir siquiera de la Asamblea, y después vinieron las calles de 2022 y las de 2023, que empezaron por la mina pero que eran, en el fondo, protestas contra un sistema político completo, con sindicatos, productores, docentes y miles de jóvenes que marchaban sin la bandera de nadie.
Nadie capitalizó ese descontento. Los que más ganaron fueron los independientes que llegaron a la Asamblea en 2024, pero lo ganaron de manera pasiva, recogiendo el voto de castigo, no encabezando un proyecto. Los candidatos de los partidos tradicionales, incluido el del partido de gobierno, ni siquiera podían asomarse, porque la gente en la calle los señalaba directamente como parte del problema que estaba protestando. Y de los que sí podían, ninguno se atrevió a pararse frente a esa gente y decir que iba a llegar al poder a cambiar las reglas: el que venía del discurso anticorrupción miró la protesta desde lejos, y la candidata de la izquierda sindical no buscó un tono más moderado para hablarle a los jóvenes que marchaban sin pertenecer a ningún sindicato. Era, hay que reconocerlo, una apuesta de alto riesgo, porque quien se subiera a la tarima frente a decenas de miles de personas podía salir convertido en el líder del movimiento o abucheado e ignorado. Pero la recompensa política era enorme, y nadie quiso correr el riesgo. Un momento constitucional necesita gente movilizada, pero también necesita a alguien que convierta esa energía en un proyecto, y en 2023 tuvimos lo primero sin lo segundo.
Cómo medir si vale la pena
Si en 2027 hay constituyente, le propongo una manera distinta de medir si valió la pena. No pregunte qué dice el texto; pregunte si los jubilados, los estudiantes, los empresarios, los campesinos y los trabajadores tuvieron que sentarse, escoger quién los representa y negociar frente a los demás. Si eso pasa, el país habrá ganado algo que ningún artículo le puede dar, aunque el texto final no termine de convencer, como le pasó a Chile, que rechazó dos propuestas seguidas y, según algunos de sus propios académicos, terminó dándole a la Constitución vigente una legitimidad que antes no tenía. Y si eso no pasa, tendremos una Constitución nueva, bonita y bien redactada, que se va a cumplir igual que la que tenemos.
Daniel Lopera, fundador de Bisagra.