La plata de la Caja no está donde usted cree
Esta semana quebró un banco en Paraguay y en Panamá nos pusimos a contar la plata de la Caja. Es comprensible. Allá, un banco que en muy pocos años pasó de ser una financiera a ser uno de los más grandes del país terminó intervenido por su banco central, con casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y con trescientos cincuenta y cinco millones de dólares del fondo de jubilaciones paraguayo metidos adentro. Y aquí, a año y medio largo de una reforma a la Caja de Seguro Social que dividió al país, bastó esa noticia para que mucha gente se preguntara, con razón, si lo mismo nos puede pasar a nosotros.
La pregunta es legítima y no voy a despacharla como demagogia. Pero creo que, para contestarla bien, hay que salirse un momento de la trinchera, porque en esta discusión los dos lados tienen algo de razón, y entender por qué es la única forma de llegar a algún lado.
El que desconfía de poner las pensiones en bancos privados tiene un punto serio. Un banco privado existe para generar ganancias para sus accionistas, y eso no tiene nada de malo, es su naturaleza; pero cuando uno le entrega el ahorro de los jubilados, le está confiando un dinero de todos a alguien cuyo primer deber es con otros. Si al banco le va bien, al fondo le va igual, recibe su tasa pactada y nada más, porque la ganancia por encima de eso se la queda el banco; y si al banco le va mal, por mal manejo, por asumir demasiado riesgo o por los intereses particulares de sus dueños, el que paga es el jubilado. La única obligación real del banco con ese fondo es que la plata esté ahí dentro de treinta años, y en treinta años pasa de todo.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Paraguay. Según la prensa de ese país, las reglas internas de su instituto de previsión se flexibilizaron entre 2023 y 2024, y desde entonces la plata de los jubilados empezó a fluir hacia un banco vinculado a antiguos socios del propio presidente, hasta superar el límite legal de concentración que existía en el papel. No falló el mercado en abstracto; fallaron los controles, y hubo conflictos de interés por todos lados.
Pero el que desconfía del Estado también tiene un punto, y es igual de serio. El dinero de las pensiones en manos públicas puede cumplir una función social enorme, porque con él se financian hipotecas, préstamos para emprender, terrenos y obras, y eso le da a ese ahorro un sentido que va más allá del rendimiento. El problema es que pone al gobierno a hacer el trabajo de un administrador de inversiones, un trabajo engorroso para el que nuestras instituciones no siempre están preparadas, y lo expone al vaivén de la política, al gobierno que entra y al que sale, y a la tentación permanente de usar el ahorro de los trabajadores para tapar huecos o para financiar lo que da votos. La investigación académica es bastante dura en esto: un estudio ya clásico del Banco Mundial, de Augusto Iglesias y Robert Palacios, encontró que los fondos de pensiones administrados por gobiernos han rendido en general por debajo de lo que habría dado una inversión pasiva, y que los resultados son especialmente malos en los países con gobernanza débil.
Por eso creo que el gran problema de las pensiones es que no nos vamos a poner de acuerdo. El que desconfía naturalmente del sector privado va a decir que la plata no puede estar en bancos privados, y el que desconfía naturalmente de la capacidad del Estado va a decir que no puede estar en manos públicas, y los dos van a encontrar ejemplos para sostener lo suyo. Eso no es un vicio panameño. Francia se paralizó hace unos años por subir la edad de retiro, Chile lleva más de una década discutiendo sus administradoras privadas, y no hay país que haya cerrado esta conversación para siempre.
Y vale la pena detenerse en el tamaño de lo que estamos intentando, porque a veces se nos olvida. Como sociedad decidimos algo que, visto con calma, es casi una locura: que una persona que trabaje y produzca durante veinte o treinta años tenga derecho a no trabajar más por el resto de su vida, y que alguien le garantice ese ingreso. Es una de las empresas más ambiciosas que se han propuesto las sociedades modernas, y todavía no hemos terminado de descifrar cómo cumplirla. El tamaño de la discusión va de acuerdo con el tamaño del problema.
Dentro de lo que cabe, creo que Panamá llegó a una fórmula bastante sensata. Lo que se aprobó en la Ley 462 permite que la Caja delegue la ejecución de hasta el noventa por ciento de su fondo de reserva en el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, y deja a las administradoras privadas un máximo del diez por ciento. Son bancos que pertenecen enteramente al Estado, sin un solo accionista privado, pero que funcionan como cualquier banco de la plaza: generan rendimientos y, al mismo tiempo, le responden a los ciudadanos y no a un grupo de accionistas. Las cifras que la propia Caja publicó esta semana van en esa línea: de lo que tiene depositado en bancos, más de nueve de cada diez dólares están en banca estatal, y lo que tiene depositado en bancos privados no llega a tres de cada cien dólares del total de sus reservas; aun sumando los bonos de bancos y financieras locales, no pasa de cinco.
Ahora, Ojo con algo que casi nadie está diciendo, y me incluyo, porque cuando vi la noticia de Paraguay yo también pensé primero en los bancos. La mayor parte de la plata de la Caja no está en ningún banco. De algo más de quince mil millones de dólares en reservas, solo unos tres de cada diez están en depósitos bancarios; más de la mitad está invertida en deuda del propio Estado panameño, y si se suma lo colocado en entidades estatales, la exposición al Estado ronda los ochenta y cuatro de cada cien dólares. Dicho de otra forma, el riesgo principal de nuestras pensiones no se llama Paraguay ni se llama banca privada; se llama finanzas públicas. La pregunta de fondo no es si un banquero nos va a quebrar el fondo, sino si el Estado va a estar en condiciones de pagarle a la Caja lo que le debe, gobierno tras gobierno.
Y aquí está, me parece, la salida de esta pelea. Los países que mejor han resuelto el problema no lo hicieron escogiendo entre lo público y lo privado, sino poniendo reglas que valen para los dos. El caso que más se estudia es el de Canadá, donde el fondo de pensiones lo maneja una organización profesional que opera a distancia de los gobiernos, con una junta independiente, con un solo mandato, que es obtener el mejor rendimiento sin correr riesgos indebidos, y con la obligación de rendir cuentas en público. Lo que protege al jubilado no es el apellido del administrador, sino límites de concentración que se respeten de verdad, decisiones técnicas que no dependan de amistades ni de favores, y una vitrina abierta donde cualquiera pueda ver dónde está cada dólar.
La Caja anunció esta semana que va a publicar en su sitio web el desglose oficial de sus depósitos y valores por entidad y por emisor, con sus montos y sus fechas. Si ese desglose se publica, se mantiene al día y nadie lo apaga cuando cambie el gobierno, va a hacer más por la confianza de los asegurados que cualquier discurso. Paraguay también tenía límites en el papel; lo que le faltó fue gente mirando. Ojalá que lo que pasó allá nos sirva, no para volver a pelear la reforma desde cero, sino para exigir que esa vitrina se abra y se quede abierta, porque una conversación que nunca vamos a cerrar del todo por lo menos la podemos tener con los datos sobre la mesa.
Daniel Lopera, fundador de Bisagra.
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