Requisitos para ser diputado en Panamá, y por qué no deberían ser más
Cada cierto tiempo, casi siempre después de que algún diputado dice en el pleno una barbaridad que termina circulando por todos los grupos de WhatsApp del país, vuelve la misma propuesta: que se le exija un título universitario a quien quiera llegar a la Asamblea, que se pida una maestría, que no pueda ser diputado quien no terminó la escuela. A todos nos ha dado vergüenza alguna vez lo que se dice en ese hemiciclo, y me incluyo, de modo que entiendo de dónde viene la idea. Pero antes de discutirla vale la pena saber qué pide hoy la Constitución, porque la respuesta sorprende a más de uno.
Según el artículo 153 de la Constitución Política, para ser diputado en Panamá se requiere:
- Ser panameño por nacimiento, o por naturalización con quince años de residencia en el país después de haberla obtenido.
- Ser ciudadano en ejercicio.
- Haber cumplido por lo menos veintiún años de edad a la fecha de la elección.
- No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada.
- Haber residido en el circuito electoral correspondiente por lo menos durante el año inmediatamente anterior a la postulación.
Eso es todo. No hay título, no hay examen, no hay requisito de experiencia, y para representante de corregimiento la edad baja a dieciocho años. Tampoco es una omisión reciente: ninguna de nuestras constituciones republicanas, ni la de 1904, ni la de 1941, ni la de 1946, le pidió estudios a un diputado. Le pedían ser ciudadano y tener veinticinco años, números que los constituyentes de 1904 tomaron casi tal cual de la Constitución de Estados Unidos, junto con los treinta y cinco años para presidente. Allá, en 1787, la edad apenas se debatió, y la justificación que quedó escrita es reveladora: la edad no se pensó para proteger al país de un candidato inmaduro, sino para darle al votante tiempo de conocerlo y formarse un juicio sobre él. Hasta en el requisito más viejo de todos, el protagonista era el elector.
Dicho esto, la aspiración de la gente es legítima. El ciudadano quiere que quien lo represente sea mejor que él, que sepa más, que entienda de presupuestos y de códigos, porque intuye, con razón, que la cosa pública es complicada y que una ley mal hecha se paga durante años. El problema es que el título no garantiza nada de eso. Basta mirar con calma la Asamblea de los últimos períodos para encontrar diputados con varias maestrías, con cátedra en la universidad y con el currículum más largo del pleno, cuyas leyes no han sido mejores que las de sus colegas, y a veces han sido bastante peores. El diploma mide lo que alguien estudió, no cómo va a usar el poder que le prestan.
Y es que el trabajo de un diputado no es ser el que más sabe del salón. Su trabajo es representar, que es otra cosa: llegar a la Asamblea a velar por la gente de su circuito en los temas nacionales, llevar a la discusión del país lo que esos ciudadanos necesitan y responderles a ellos por lo que vota. Para la parte técnica existen los asesores, las comisiones, los departamentos de la propia Asamblea y los gremios que acuden a cada primer debate a decir si una idea sirve o no. Lo que no se puede contratar es la confianza de un circuito, y eso es justamente lo que el voto le entrega a un diputado. Una persona que no terminó la escuela, pero que lleva treinta años resolviendo los problemas de su barriada y conoce cada calle y cada familia, puede representar mejor a su gente que un abogado con tres posgrados que la visita cada cinco años, y no hay ninguna razón para que la Constitución le cierre la puerta.
Al final, en una democracia representativa los votos son los votos. A veces ganan personas con malos incentivos y a veces ganan personas con buenos incentivos, pero quien decide quién llega es el elector, y cada requisito que agregamos le quita a ese elector una parte de la decisión y se la entrega al papel. Hay además una razón institucional para la prudencia: la Procuraduría ha sostenido que los requisitos del artículo constitucional son los únicos que se le pueden exigir a un diputado, y que una ley no puede añadir otros, de modo que quien pida maestrías para la Asamblea está pidiendo, aunque no lo diga, una reforma a la Constitución.
Si queremos mejores diputados, el camino no pasa por achicar la papeleta sino por llenarla de mejores opciones y por llegar al día de la elección sabiendo más de quienes la ocupan: qué han hecho, qué votaron, a quién le responden. Esa tarea es de los partidos, que deciden a quién abren la puerta, de los medios y de cada uno de nosotros. Puesta así la discusión, hasta podríamos preguntarnos si no conviene ir en la dirección contraria, y si un joven de dieciocho años que puede representar a su corregimiento no debería poder representar también a su circuito, siempre que sus vecinos así lo decidan.
Daniel Lopera fue director ejecutivo de MOVIN y cofundador de Foco Panamá.
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