El atajo de un millón de dólares
Cuando se aprobó el presupuesto de 2027 pasó casi desapercibida una línea que dice mucho de cómo funciona el Estado panameño. El artículo 370 permite que el Metro, el Idaan, Etesa, la Autoridad de Aseo, el aeropuerto de Tocumen y, después de un cambio que un grupo de diputados introdujo en segundo debate, ministerios como Educación, Obras Públicas y Gobierno compren servicios técnicos, repuestos y equipos por hasta un millón de dólares sin pasar por la Ley de Contrataciones Públicas. Para ponerlo en perspectiva, el procedimiento más ágil que hoy permite esa ley, la contratación menor, llega hasta cincuenta mil dólares. Un diputado ya llevó el artículo a la Corte y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que abre la puerta a la discrecionalidad en pleno año preelectoral.
La reacción natural es escandalizarse, y entiendo por qué. Pero antes vale la pena preguntarse por qué cada cierto tiempo aparece una excepción como esta, porque la respuesta dice más del sistema que de quienes la proponen.
Reglas pensadas para que nadie robe
Nuestra ley de contrataciones se diseñó, con toda razón, para que nadie se robara la plata. Cada paso, cada firma y cada plazo existen porque en algún momento alguien abusó. Hace unas semanas escribí sobre la aldea, sobre cómo nuestro cerebro está hecho para confiar en los cercanos mientras el Estado nos pide confiar en extraños. La burocracia es precisamente el punto medio entre la aldea y el Estado: un sistema de reglas impersonales para administrar la plata de todos sin depender de la buena fe de nadie. Max Weber la veía como la forma más racional de organizar el poder público, justamente porque sustituía la lealtad personal por el procedimiento.
El problema es que, con los años, las reglas pensadas para evitar el robo se fueron convirtiendo en reglas que impiden hacer el trabajo. Comprar un repuesto puede tomar meses, y un procedimiento diseñado para grandes licitaciones termina aplicándose a cosas que cualquier ciudadano resolvería en una tarde.
Cuando la regla no sirve, aparece el atajo
He visto esto de cerca más de una vez. Durante la pandemia, un ministerio quiso ayudar a los músicos y artistas que se habían quedado sin conciertos. La intención era noble, pero no había forma práctica de hacer cientos de órdenes de compra, una por cada beneficiario, así que la plata se canalizó a través de un intermediario del sector que se encargaría de repartirla. Y entonces el problema cambió de forma: el Estado ya no decidía a quién le llegaba el dinero; lo decidía un particular, con sus propios amigos y sus propias lealtades.
En otra ocasión, una amiga que trabajó en un municipio, una funcionaria honesta que de verdad quería que las cosas salieran bien, me contó que necesitaron algo de último momento para un festival, algo que se conseguía en una tienda en línea en un par de días mientras el proceso formal tomaba semanas. Al final, el propio alcalde lo pagó con su tarjeta de crédito. Nadie se robó nada, pero las dos historias dejan la misma lección: cuando la regla no sirve para lo que la gente necesita, la gente busca el atajo, el atajo casi siempre es discrecional, y la discrecionalidad tiende al favoritismo.
El desperdicio que nadie se roba
Hay un estudio que cambió la forma en que los economistas piensan sobre esto. A finales de la década pasada, tres investigadores, Oriana Bandiera, Andrea Prat y Tommaso Valletti, analizaron las compras de bienes estandarizados de cientos de entidades públicas italianas y separaron el desperdicio en dos tipos: el activo, que beneficia al funcionario, como un soborno, y el pasivo, que no beneficia a nadie, como el que producen el trámite lento, la mala planificación o el funcionario que no tiene incentivos para comprar mejor. En un país con fama de corrupción, encontraron que el pasivo explicaba más de cuatro quintas partes del desperdicio total. Dicho de otra forma, la mayor parte de la plata que el Estado botaba no se la robaba nadie; se perdía en el camino. Estudios posteriores en otros países encontraron algo parecido: buena parte de la diferencia en lo que pagan distintas oficinas públicas por el mismo producto depende de quién hace la compra y de cómo está organizada su oficina.
Esto no significa que el artículo 370 esté bien. Significa que es un parche. Su redacción deja abierta la lista de entidades con un "tales como", condiciona las compras a un "interés general de derechos poblacionales" que nadie ha definido y llega en el año en que los gobiernos más gastan con la vista puesta en la siguiente elección. A la vez, un millón de dólares no es tanto para un Estado que arregla tuberías, carreteras y escuelas; arreglar el agua de una comunidad cuesta lo que cuesta, aunque nadie se robe un centavo. Por eso la discusión de fondo no es el monto, sino lo que pasa después de cada compra. Si se flexibiliza, que sea con todas las compras publicadas una por una, a la vista de cualquier ciudadano, y con una Contraloría que las revise después y lleve las consecuencias hasta el final cuando alguien abuse. El propio artículo exige un reglamento aprobado por la Contraloría y una lista pública de lo que se va a comprar; la pregunta es si alguien la va a leer.
Rediseñar desde abajo
Los que pedimos más controles también tenemos que aceptar que el control tiene un costo, y que un sistema que solo sabe decir que no, termina empujando a la gente a buscar la puerta de atrás. Italia, el mismo país del estudio, respondió creando una agencia central de compras con catálogos y precios negociados de antemano, de modo que un hospital pudiera comprar lo básico casi tan rápido como en una tienda en línea, con los precios a la vista de todos. Nuestra ley ya contempla los convenios marco, que funcionan con esa misma lógica; usarlos de verdad, para todo lo que se compra a diario, le quitaría a cada presupuesto la excusa para su excepción. A eso habría que sumarle funcionarios mejor preparados y con la confianza de que comprar bien no los va a llevar a un juicio.
La Corte decidirá si el artículo 370 se ajusta a la Constitución, y ojalá lo haga antes de enero. Pero, falle como falle, el problema va a seguir ahí. Mientras sigamos poniéndole parches a un sistema de compras que no sirve para lo que el país necesita, cada presupuesto va a traer su atajo. La oportunidad está en dejar de discutir el parche y sentarnos, de una vez, a rediseñar el sistema desde abajo.
Daniel Lopera, fundador de Bisagra.
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