El Canal se pone el casco
A principios de los años noventa, cuando el país salía de la dictadura y la transferencia del Canal ya tenía fecha cierta en el calendario, los sectores políticos de entonces tomaron una decisión que el tiempo les ha agradecido: le levantaron al Canal un muro en la Constitución, para que ningún gobierno de turno ni ninguna bancada pudiera meterle diente a la que iba a ser, de lejos, la mayor riqueza del país. Ese muro ha hecho bien su trabajo durante más de treinta años, y de eso escribí en otra columna. Pero un muro se construye pensando en quién se quiere dejar afuera, y aquel se pensó para los políticos, que eran los que podían querer la plata. No se pensó para el resto de nosotros, los ciudadanos que nunca vamos a cobrar un peaje ni a repartir un contrato del Canal, que no tenemos nada que sacarle y que, justamente por eso, tampoco hemos tenido nunca razón alguna para callarnos lo que pensamos de él. Contra esa opinión no hay muro que alcance, y quedó a la vista el viernes 6 de noviembre en Limón, en la Costa Abajo de Colón, donde veinte voceros campesinos fueron contando sus quejas, uno detrás de otro, frente a cerca de mil vecinos y frente al arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y al obispo de Colón y Guna Yala, Manuel Ochogavía, que habían ido hasta allá a decirles que no estaban solos.
Veinte años sin casco
La imagen del Canal es positiva, pero es una imagen que se mira desde lejos, y las encuestas lo dicen con bastante claridad: tres de cada cuatro panameños prefieren que lo siga administrando la ACP y la mitad lo considera la industria más estratégica del país, pero cuando se les pregunta qué institución les merece más credibilidad, apenas siete de cada cien nombran a la ACP, y los bomberos, que son los que llegan a la casa de uno cuando hay un problema, quedan por delante, aunque sea por poco. Para la mayoría, el Canal es algo que funciona allá, que cobra sus peajes y le entrega cada año miles de millones al Tesoro sin que eso toque mucho la vida de uno, y se le admira como se admira a ese pariente que vive lejos, del que nadie en la familia sabe muy bien qué hace, pero que todos los meses manda su plata y al que se le agradece muchísimo. Incluso la ampliación, que fue la obra más grande del país entre 2007 y 2016, se hizo dentro del área del Canal, sin que hubiera que sacar a nadie de su casa.
Y eso no fue casualidad. Hace veinte años, cuando el Canal quiso hacer embalses en esa misma región, los campesinos se organizaron con la Iglesia a su lado, y meses antes del referéndum de la ampliación la Asamblea le cerró esa puerta. La ampliación se hizo sin embalses y sin conflicto, en una paz razonable, pero aplazada, porque hace dos años la Corte volvió a abrir la puerta y el Canal regresa ahora ante las mismas comunidades, esta vez sin una alternativa para esquivar la pelea.
Y no se trata solo de Río Indio, porque lo que viene es en grande: el plan de la Autoridad del Canal hacia 2035 supera los ocho mil millones de dólares e incluye el lago de Río Indio, un gasoducto interoceánico de setenta y seis kilómetros y dos puertos nuevos, Corozal en el Pacífico y Telfers en el Atlántico. El Canal se está poniendo el casco de constructor, y ahí la cosa cambia, porque no es lo mismo el pariente que manda la plata desde lejos que el pariente que un día regresa al país, se para en el terreno de la familia y decide construir ahí su casa. La casa seguramente nos va a beneficiar a todos, y la plata, al fin y al cabo, la pone él, pero llega de la nada a mover las cosas como a él le parece, a tumbar el palo de mango, a correr la cerca, a decidir por dónde va a pasar el camino, y por mucho que al final nos mejore la vida a todos, esa fricción no se parece en nada al agradecimiento de cada mes. Eso es lo que significa el casco: el Canal deja de ser la plata que llega puntual desde lejos y se convierte en el que mueve la tierra frente a la casa, el que cierra el camino por donde uno sale al pueblo y el que un día toca la puerta con un papel en la mano.
Río Indio es el primero de esos proyectos y, por mucho, el más delicado. El lago tendrá unas cuatro mil seiscientas hectáreas, cerca del ocho por ciento de la cuenca, y según la ACP obligará a reasentar a unas quinientas cincuenta familias repartidas en treinta y ocho comunidades, aunque la Coordinadora campesina sostiene que esa cifra se queda corta y habla de más de trece mil personas viviendo en la cuenca. Las primeras reubicaciones están previstas para finales de 2027, las obras principales para 2028, y el Ministerio de Salud ya fijó el cierre de ocho cementerios. Ahí hay iglesias, capillas y tierra donde están enterrados los abuelos de mucha gente, y eso, como es natural, le toca a la Iglesia de manera directa.
Los curas opinan
Hay quien ve con sospecha que la Iglesia se meta en esto, y la verdad es que no debería sorprender a nadie. Un cura es, por oficio, una persona que lee mucho y que opina mucho, porque cada semana tiene que sentarse con el Evangelio abierto, mirar lo que está pasando en su comunidad y en el país, y pararse el domingo frente a todos a decir algo que tenga sentido para la gente que lo escucha. La postura del obispo de Colón tampoco sale de la nada; va de la mano con Laudato si', la encíclica de 2015 en la que el papa Francisco habló del cuidado de la casa común y de cómo los pobres suelen ser los primeros en pagar el costo del daño ambiental.
La Iglesia tampoco es nueva en esta historia, porque hace veinte años Cáritas ya acompañaba a estos mismos campesinos en su lucha contra los embalses, y monseñor Ulloa no es un actor neutro: ha sido una voz crítica de los gobiernos de turno, y fue la Iglesia la que sentó a las partes en la mesa de diálogo de 2022. Lo nuevo, entonces, no es que la Iglesia opine, sino que el arzobispo haya decidido ir en persona hasta Río Indio. Si eso significa ponerse del lado de los campesinos o marcar presencia antes de que llegue el conflicto está por verse, pero para la ACP, desde ya, la Iglesia es un interlocutor que no se puede saltar.
La escena inevitable
La consulta es difícil, y conviene decirlo sin rodeos, porque en un proyecto así hay una escena que nadie quiere ver y que, sin embargo, es inevitable: alguien no se va a querer ir. Entre cientos de familias siempre habrá quien no acepte ninguna oferta, quien no crea en ninguna promesa, quien prefiera quedarse en la casa donde nació y donde crió a sus hijos aunque sepa perfectamente que el agua va a llegar. Y como ese valle se va a inundar, a esa persona, tarde o temprano, habrá que sacarla. El propio obispo de Colón lo planteó en una entrevista, preguntándose cómo piensan sacar a los que no salgan: "¿A balazos, presos?"
La pregunta, entonces, no es si esa escena va a ocurrir, sino qué va a significar el día que ocurra. Si llega después de años en los que el Canal cumplió cada promesa, construyó las casas antes de mudar a nadie, trasladó los cementerios junto con la comunidad y escuchó de verdad, será un momento doloroso, pero aislado, una curita que se quita rápido y se olvida. Si llega sin ese capital acumulado, será la imagen que detone algo mucho más grande, y le pondrá cara, con nombre y apellido, a esa palabra que hoy describe al Canal para tantos panameños: distante.
El sociólogo Michael Cernea, que pasó años en el Banco Mundial estudiando reasentamientos forzosos en distintos países, encontró que casi todos repiten los mismos riesgos: la gente pierde la tierra, el trabajo y la casa, pero también algo mucho más difícil de compensar, que es el tejido de su comunidad, es decir, los vecinos, la iglesia, el cementerio y la forma en que se ayudaban unos a otros cuando las cosas se ponían difíciles. Por eso un reasentamiento no se resuelve con un cheque. En el mundo de la minería existe un nombre para lo que está en juego, la licencia social para operar, que es ese permiso que no da ninguna ley sino la gente que vive alrededor, y que se gana o se pierde todos los días. Panamá ya vio en 2023 lo que pasa cuando un proyecto tiene todos sus permisos legales y le falta el social.
Cómo llegar a esa escena
La buena noticia es que todavía hay tiempo, porque las primeras reubicaciones están a un año de distancia, y ese año se puede usar para tres cosas. La primera es cerrar la pelea por las cifras, porque mientras la ACP hable de quinientas cincuenta familias y la Coordinadora de más de trece mil personas, cada número que publique el Canal se va a leer con sospecha, y un censo verificado por un tercero independiente, con la Defensoría del Pueblo o con la propia Iglesia como testigo, vale más que cualquier campaña de comunicación.
La segunda es cumplir primero y mudar después, de manera que las casas, las tierras productivas y los cementerios trasladados estén listos antes de pedirle a nadie que se vaya, y que cada familia pueda ver con sus propios ojos lo que recibe antes de entregar lo que tiene. La tercera es tratar a la Iglesia como garante del proceso y no como adversaria, porque si el arzobispo ya decidió estar ahí, es mucho mejor que esté sentado en la mesa, revisando que se cumpla lo acordado, que parado en el púlpito contando lo que no se cumplió.
El Canal ha demostrado durante más de un siglo que sabe construir esclusas, y lo que viene le exige algo que nunca tuvo que hacer a esta escala, que es construir confianza con gente que no le debe nada. Río Indio es el primer examen, y detrás vienen el gasoducto y los puertos, de modo que lo que el Canal aprenda aquí, en estos años y con estas familias, lo va a necesitar en todos los demás.
Daniel Lopera, fundador de Bisagra.